Mathieu Ferry, Govindan Venkatasubramanian, Isabelle Guérin Y Marine Al Dahdah
Fuente: Kaos en la Red
En diciembre, cuando la provincia china de Wuhan asistía al comienzo de la pandemia actual de Covid-19, India era escenario de revueltas masivas y violentas. Centenares de miles de personas se manifestaban en todo el país contra la ley de ciudadanía, considerada antimusulmana, que acababa de adoptar el parlamento: la Ley de enmienda del derecho de ciudadanía. En respuesta se perpetraron ataques violentos de milicias hindúes contra universidades y barrios populares musulmanes. Mientras, pese a los primeros casos identificados ya en enero en el territorio, las autoridades negaban toda posibilidad de transmisión comunitaria del virus, para anunciar finalmente, cuatro horas antes de su entrada en vigor, el confinamiento total del país durante 21 días por lo menos, a partir del 24 de marzo a medianoche. Al igual que en Francia, este anuncio provocó importantes migraciones de las ciudades al campo. Claro que en India fueron de naturaleza muy distinta, ya que los trabajadores migrantes, los jornaleros, la gente más pobre, carentes de recursos, decidieron retornar a sus aldeas de origen. Este éxodo trágico y en ocasiones mortal de migrantes indios que huían de las ciudades constituye el síntoma más visible de una profunda crisis sanitaria, económica y social que este texto propone analizar en tres tiempos.
Acceder a los cuidados en tiempos de confinamiento
Esta pandemia ha expuesto brutalmente las vulnerabilidades de algunos de los mejores sistemas sanitarios del mundo; para el sistema sanitario indio, uno de los más saturados y menos financiados del mundo, el momento podría ser crítico, puesto que las estructuras sanitarias ya están sobrecargadas en un sistema muy fracturado, subfinanciado y geográficamente desigual. La crisis actual amenaza con incrementar las inveteradas desigualdades sanitarias y las infraestructuras sanitarias ya disfuncionales podrían colapsar bajo la presión del aumento espectacular de casos de Covid-19.
Los tests son esenciales para evaluar el grado de propagación de la Covid-19 en un país. India tiene hasta ahora una de las tasas de detección más bajas del mundo, lo que ha podido escamotear casos de coronavirus. El 23 de marzo, el número total de personas sometidas a la prueba de detección de la Covid-19 en todo el país era de 17.493. Esa misma semana, Corea del Sur realizaba más de 5.500 tests por millón de habitantes, Italia 2.500, el Reino Unido cerca de 1.500 y Francia unos 900. Aunque la epidemia estaba más adelantada en estos países, India iba a la zaga, en vísperas de su confinamiento, con tan solo 10 tests por millón.
Hasta entonces, la estrategia de detección del gobierno partía de la hipótesis de que en India no se producía ninguna transmisión comunitaria, sino únicamente casos importados del extranjero. Basar la estrategia de detección en esta hipótesis y no someter a prueba más que a las personas procedentes de zonas infectadas en el extranjero ha podido tener consecuencias imprevistas en la propagación de la epidemia. En efecto, con el confinamiento se produjo un importante volumen de migración interna de trabajadores y trabajadoras a partir de focos de la epidemia como Mumbai y Delhi hacia sus Estados de origen, como Uttar Pradesh y Bihar. El hecho de no reconocer la presencia local de infecciones por Covid-19 y no diagnosticar a las personas con síntomas en Mumbai o en Delhi pudo exponer a estos Estados a la difusión del virus y a una explosión potencial de casos, en lugares en que las infraestructuras sanitarias son bastante más precarias.
Al comienzo de su confinamiento nacional, India no contaba simplemente con suficientes kits de test y por mucho que el gobierno haya concedido licencia a empresas privadas para venderlos en India, la limitación de los tests radica en el número de laboratorios acreditados. El 23 de marzo, en India había 118 laboratorios acreditados para una población de 1.300 millones de habitantes, con enormes desigualdades geográficas; los Estados de Arunachal Pradesh (1,5 millones) y Nagaland (3,3 millones) no disponían de ninguno, Bihar de uno solo para una población de 110 millones de habitantes, frente a los ocho que hay en Rajastán para una población de 80 millones. Aunque los Estados tuvieran a su disposición un número infinito de kits de test, los laboratorios públicos no podrían utilizarlos, pues su capacidad de obtención de 90 muestras al día resulta insuficiente. Así, el gobierno ha decidido autorizar la realización de tests de Covid-19 en laboratorios privados para que la población india, incluidas las personas que no están hospitalizadas, pueda hacerse la prueba, claro que a cuenta de su bolsillo.
Sin embargo, el techo de 4.500 rupias (unos 55 euros) por test, fijado por el gobierno, está fuera del alcance de la mayoría de la población. Además, con la estigmatización asociada al virus y el confinamiento, algunos laboratorios privados acreditados ya han declarado que la tarea es del todo imposible. Teniendo en cuenta el precio elevado de los tests privados y de todos los problemas logísticos asociados al confinamiento, la mayoría de la población depende probablemente del sistema público para que le hagan la prueba. En un sistema sanitario público ya sobrecargado y subfinanciado, el dinero invertido en los tests de detección del coronavirus resta recursos a los demás gastos sanitarios esenciales, ya que India solo consagra el 3,7 % de su presupuesto a la sanidad. Un presupuesto totalmente insuficiente para responder a la demanda masiva de cuidados intensivos, constatada en los países ya afectados por la Covid-19.
Si en India la proporción de personas de edad avanzada menor que en otros países, sus hospitales sobrecargados acogen a muchas y muchos pacientes que presentan patologías previas –como desnutrición, tuberculosis, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas y cardiovasculares– que podrían agravar la mortalidad debida a la Covid-19. Entre las personas infectadas, la tasa de mortalidad oscila entre el 1 y el 3 %, pero entre las personas gravemente enfermas alcanza el 62 %. La mayoría de estos fallecimientos se deben a hipoxia, a un aporte insuficiente de oxígeno a los tejidos del cuerpo o al colapso multiorgánico.
Alrededor del 5 % de los y las pacientes infectadas requerirán cuidados intensivos y la mitad de las personas ingresadas en UCI precisarán ventilación mecánica; podrían hacer falta hasta un millón de respiradores en el momento álgido de la epidemia. Según cálculos del ministerio de Sanidad, el 24 de marzo había 8.432 respiradores en los hospitales públicos, cantidad que podría ascender a 50.000 si se incluyen los hospitales privados. A título comparativo, EE UU, sumergido actualmente en plena epidemia, dispone de 160.000 respiradores para una población que representa un tercio de la de India. Hasta ahora, India importa cerca del 75 % de sus respiradores, mientras que su capacidad de producción nacional es de 5.000 unidades al mes y depende igualmente de proveedores internacionales, que hoy por hoy se hallan desbordados.
Además, las cifras anteriormente citadas esconden disparidades extremas en materia de acceso. Las UCI y los respiradores están concentrados en las grandes zonas urbanas y las provincias más ricas; por sí sola, Mumbai ya dispone de 1.000 respiradores y Kerala de 5.000, lo que significa que hay un número claramente inferior de aparatos disponibles en las provincias más pobres y las más rurales del país. Las mismas disparidades afectan a las camas de cuidados intensivos, ya que su número es mucho menor en los Estados más pobres en comparación con una media nacional, que ya resulta catastrófica, de 0,7 camas por mil habitantes (frente a 11,5 en Corea del Sur, 6,5 en Francia y 3,5 en Italia). Incluso según las estimaciones más prudentes, el 75 % de las provincias indias no tendrán camas suficientes para las personas contagiadas de coronavirus de aquí al mes de junio. Sabiendo que el coste medio de una hospitalización privada en 2017 era de 31.845 rupias (384 euros), que la renta media mensual por habitante asciende a 11.254 rupias (135 euros) y que la mayoría no tiene seguro de enfermedad: ¿cuántas personas enfermas podrán pagarse los cuidados en hospitales privados, una vez saturados los modestos establecimientos públicos?
Teniendo en cuenta las graves dificultades a que se enfrenta el sistema sanitario público y el predominio de la atención sanitaria privada, inabordable en numerosos Estados indios, la respuesta sanitaria a la crisis de la Covid-19 debe dar prioridad al refuerzo de un sistema sanitario accesible para todas las personas, sean ricas o pobres, hindúes o musulmanas, de Bihar o de Kerala. Pero esta pandemia revela asimismo la extrema vulnerabilidad de la mayoría de la población india ante una catástrofe que va más allá de la mera atención sanitaria. Por encima del riesgo de infección, las medidas adoptadas para contener el contagio –el confinamiento total– tendrán consecuencias desastrosas para gran parte de la población.
Sobrevivir al confinamiento
¿Qué sentido puede tener el confinamiento en un contexto en que la gente, no solo la más pobre, depende de la movilidad y de la sociabilidad de acceder a sus recursos y protegerse? Retomando tópicos culturalistas, numerosos medios han puesto el acento en la dificultad cultural para aceptar el principio de distanciamiento social. Antes que una cuestión cultural, y por mucho que este argumento sea válido, en economías en que el empleo informal es la regla más que la excepción, y en que la protección social es privilegio de una minoría, el vínculo social y el movimiento son simplemente necesarios para la supervivencia y la protección.
India se caracteriza por la amplitud del empleo informal –según las estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo, el 92 % de los empleos no están formalizados, en el sentido de que no implican ninguna forma de protección, ningún contrato ni ninguna garantía de continuidad– y el papel determinante de las migraciones y circulaciones internas. En gran medida subestimados por las estadísticas oficiales, estos desplazamientos son objeto de diversos cálculos, que llegan hasta un resultado de 100 millones de personas. Si estos movimientos de trabajadores siempre han existido, es probable que hayan aumentado para responder a las necesidades de una economía capitalista que siempre busca una mano de obra barata y disciplinada. Esto incluye migraciones de larga distancia, interestatales, en particular con flujos masivos procedentes de los Estados más pobres, situados en el noreste de India, con destino a los Estados donde hay más empleos, en el oeste y el sur.
A esto se añaden prácticas cotidianas de circulación entre aldeas y ciudades menores. Con el declive masivo de la agricultura a lo largo de los últimos decenios, y por mucho que India se resista al éxodo rural, numerosas personas de las aldeas sobreviven desplazándose todos los días a los centros urbanos próximos. Algunas de estas personas migrantes permanecen en las ciudades, engrosando la masa desvalida de los asentamientos de chabolas, pero la mayoría siguen vinculadas a sus aldeas de origen. La mano de obra india, sobre todo masculina, protagoniza así un flujo continuo que se desplaza al filo de las temporadas y de los años en función de las oportunidades, las redes, y en especial de las necesidades del sistema capitalista, aunque vuelve regularmente a casa. Esta sigue siendo el pivote del arraigo y de la identidad familiar y lugareña.
El movimiento no solo sirve para encontrar trabajo, un trabajo que genera ingresos escasos y siempre imprevisibles. Al mismo tiempo, las familias tienen gastos inevitables y que no cesan de aumentar: alimentación; mantenimiento de la vivienda, a menudo precaria y por tanto necesitada de renovaciones y mejoras constantes; educación escolar de la prole; consumo de electricidad, a veces de agua y gas; rituales sociales y religiosos; adquisición de bienes de consumo duraderos, necesarios incluso para trabajar (teléfono móvil, vehículo motorizado de dos ruedas). A estos gastos regulares e imposibles de reducir se añaden los imprevistos: enfermedades, pérdida súbita del empleo, costas judiciales, robo, confiscación de tierra a raíz de un conflicto o de una deuda impagada.
Para paliar esta inadecuación entre ingresos variables y gastos, las personas, hombres y mujeres, movilizan carteras de complejas prácticas financieras en que la deuda ocupa un lugar central. El ahorro no está del todo ausente, pero entre la gente más pobre y gran parte de la población rural, rara vez se materializa en un ahorro monetario. Joyas, ganado, así como inversiones sociales (regalos mutuos o préstamos) son mucho más frecuentes. El mínimo excedente de liquidez se reinyecta a menudo en la red social en forma de donación o préstamo, susceptible de ser recuperado a continuación en caso de necesidad.
La deuda es por tanto un elemento central de la supervivencia cotidiana. Ahora bien, el endeudamiento implica sociabilidad y por tanto movimiento, sea por parte de un miembro de la familia que debe desplazarse para encontrar al prestador, sea por parte de este último, ya que algunos ofrecen sus servicios de puerta a puerta. Los métodos de los diarios financieros (financial diaries), que tratan de rastrear el conjunto de flujos financieros de un hogar durante un periodo dado, confirman la intensidad de los movimientos asociados a las transacciones financieras. Esto es aún más cierto para las mujeres, pues a menudo son ellas quienes se encargan de administrar el presupuesto familiar. Una encuesta de este tipo, realizada en 2017-2018 en los Estados de Pondichery y Tamil Nadu, muestra que el número de transacciones (tomar prestado, reembolsar, prestar, reclamar el reembolso, dar, recibir) puede alcanzar picos de 30 transacciones por semana en el caso de las mujeres y de 20 en el de los hombres.
Teniendo en cuenta la importancia crucial del movimiento y de la sociabilidad, podemos imaginar que el confinamiento tendrá consecuencias absolutamente devastadoras, y ya las ha tenido. La invisibilidad de la gente trabajadora migrante, pese a ser un eslabón esencial de la economía india, ha aparecido de un modo flagrante. Simplemente ha sido ninguneada por las medidas de confinamiento. El anuncio del primer ministro Narendra Modi de “quédate en casa” ha provocado un flujo masivo de trabajadores y trabajadoras tratando desesperadamente de volver a su casa, en un momento en que los medios de transporte ya se habían restringido notablemente.
Primeros testimonios recogidos en Tamil Nadu hablan de un pánico generalizado. Las poblaciones están acostumbradas a los golpes súbitos –el tsunami en 2004, la desmonetización en 2016–, pero el anuncio del confinamiento les parece mucho más temible. Quienes habían emigrado han vuelto a casa. No solo carecen de cualquier perspectiva de empleo, sino que no pocas familias ya están muy endeudadas. En ciertos sectores, como la fabricación de ladrillos o la zafra, el reclutamiento y el control de la mano de obra se basan en un adelanto de la paga. Este adelanto suele reembolsarse durante la temporada, en función de la productividad. Cuando apenas había comenzado la temporada (enero), la mayoría de estos migrantes han contraído una deuda de 60.000 a 85.000 rupias (6 a 8 meses de salario para dos trabajadores). Está por ver si los patronos y las agencias de reclutamiento aceptarán cancelar una parte de esta deuda.
En cuanto a la mano de obra local, las fuentes de endeudamiento, condición de su supervivencia cotidiana, se han agotado. Mientras que habitualmente el menor excedente se presta o se regala, ahora asistimos, por el contrario, a un repliegue. Desde el propietario de tierras hasta la madre en el hogar, todos los testimonios concuerdan: habida cuenta de la incertidumbre reinante, cada uno tiende a conservar sus recursos, tanto si se trata de dinero líquido como de reservas de cereales. A su vez, los prestamistas reclaman la devolución de sus préstamos y se niegan a seguir prestando. El Banco Central de India ha anunciado una moratoria del reembolso de los préstamos. No obstante, cierto número de entidades financieras se niegan a acatar la orden y siguen enviando mensajes e instrucciones orales a los prestatarios para que respeten las devoluciones.
Los bancos nacionalizados y ciertas sociedades financieras autorizan la suspensión, pero los prestatarios deben rellenar unos formularios en línea específicos que no son accesibles para muchos de ellos, sobre todo cuando se trata de mujeres pobres del mundo rural. ¿Cómo se las arreglan las familias? De momento, se aprietan el cinturón. Recurren a las pocas reservas disponibles. Si el ahorro monetario es limitado, muchas familias, a menudo gracias a las mujeres, cuentan con algunos centenares o incluso millares de rupias secretamente guardados para casos de emergencia. Ahorran en la comida. Pero claro que esto no puede durar mucho. ¿Qué sucederá dentro de algunas semanas?
Morir de hambre en tiempos de confinamiento
Desde el momento en que se anunció el confinamiento, la población de clase media se lanzó a las tiendas y mercados para comprar provisiones. La avalancha se vio agravada por el hecho de que el anuncio oficial del confinamiento no indicaba si los comercios de alimentación permanecerían abiertos. Al mismo tiempo, muchas personas carecen simplemente de fondos suficientes para acaparar reservas de alimentos y la frase “sin duda me moriré de hambre antes de contraer el coronavirus” resume de modo contundente las condiciones de vida precarias de mucha gente pobre.
En toda crisis económica, la ausencia de ahorro y un coeficiente elevado del presupuesto dedicado a la alimentación constituyen dos ingredientes que pueden provocar una tragedia humanitaria. Al volcarse en la seguridad alimentaria, se vislumbra hasta qué punto son vulnerables los hogares indios. La parte del gasto total consagrada a la alimentación asciende al 43 % en los hogares urbanos y al 53 % en los hogares rurales. A título comparativo, los hogares franceses gastaron en 2014 alrededor del 20 % de su presupuesto total en comida y bebidas. Además, de acuerdo con la ley de Engel, cuanto más pobre sea una familia, tanto mayor es la proporción del gasto total dedicado a la alimentación. En India, el 5 % de los hogares más pobres de las zonas rurales consagran alrededor del 61 % de su gasto total a la alimentación, mientras que en las zonas urbanas esta proporción no supera el 28 % en el caso del 5 % de los más ricos. Un descalabro económico tiene por tanto muchas posibilidades de afectar a la alimentación, en especial de las familias más desfavorecidas.
En el contexto actual, cabe temer que las consecuencias económicas del confinamiento afecten de dos maneras al consumo alimentario de los hogares. En primer lugar, el confinamiento provoca una pérdida de fuentes de ingresos inmediatos para numerosas familias. Los hogares que pertenecen a los estratos más pobres de la sociedad son los primeros perjudicados por la situación, entre ellos los temporeros, y más concretamente los migrantes internos, que en muchos casos se encuentran sin recursos y a menudo incluso sin techo. Un segundo efecto previsto se refiere esta vez a todos los segmentos de la sociedad: existe el riesgo de que se interrumpa la cadena alimentaria. En efecto, ciertos comerciantes temen abrir sus tiendas y, en el caso de los vendedores ambulantes, no están autorizados a vender sus existencias. Cuando se obstaculiza la movilidad, se altera el abastecimiento de alimentos. En la vertiente de la producción, la falta de movilidad de los trabajadores agrícolas pone en peligro las cosechas. Estas dificultades de abastecimiento pueden, por tanto, provocar una carestía y de hecho ya aumentan los precios de los alimentos. Ante esto, el gobierno ha intervenido para fijar precios máximos para los artículos considerados de primera necesidad.
Los primeros artículos de prensa que relatan situaciones de hambruna no pueden dejar a nadie indiferente: en Bihar, un niño de 8 años ha muerto de hambre tan solo seis días después del comienzo del confinamiento. Por desgracia se prevén otros casos similares debido a la situación alimentaria de India, caracterizada por una malnutrición crónica (falta de equilibrio nutricional) e incluso, en cierta medida, una desnutrición aguda (forma visible de subalimentación). Según las últimas estimaciones, en 2019, India ocupaba el puesto 102 de un total de 117 países en la clasificación de hambre en el mundo, el más bajo entre los países del sur de Asia (a pesar de tener un PIB por habitante más elevado).
La edición de 2019 de El Estado Mundial de la Infancia del UNICEF subraya el problema persistente del hambre en India: alrededor de la mitad de los fallecimientos de niños y niñas de menos de 5 años son imputables a la desnutrición. La proporción de menores con insuficiencia de peso, medida en función de la edad, y que puede revelar tanto una malnutrición crónica como aguda, era del 36 % en 2015-2016 (la Organización Mundial de la Salud considera que un nivel de insuficiencia de peso superior al 30 % refleja una prevalencia muy alta). Estas cifras disimulan importantes disparidades regionales y socioeconómicas. La insuficiencia de peso de niñas y niños es más alta en los Estados del centro-norte y sobre todo del este de India: Jharkhand (48 %) y Bihar (44 %), mientras que es mucho más baja en Kerala (16 %). El contexto actual de confinamiento tendrá por tanto una incidencia más o menos grave según la región de que se trate.
En la lucha contra el hambre y la malnutrición, India cuenta con una larga historia de programas sociales consistentes en prestaciones en especie, amparados en la Ley nacional de seguridad alimentaria (también llamada Ley del derecho a la alimentación) de 2013. Teniendo en cuenta la emergencia actual, la ministra del Presupuesto del gobierno federal, Nirmala Sitharaman, ha anunciado medidas para reforzar en particular estos programas existentes, pocas horas después del establecimiento del confinamiento. Este plan, llamado Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana (literalmente Programa del Primer Ministro de Protección Social de los Pobres), está dotado de alrededor de 21.000 millones de euros. Ha sido acogido con críticas por parte de los economistas. Entre ellos, Jayati Ghosh ha calificado este programa de embarazoso dada su escasa dotación, así como de insuficiente. La Sociedad India de Economía Laboral, formada por eminentes economistas, ha escrito una carta al primer ministro, así como a los presidentes de los Estados federados, declarando que la ayuda necesaria debería ascender a 434.000 millones de euros, es decir, más de 20 veces el importe previsto del proyecto.
En el marco del programa anunciado se ha previsto una ayuda económica a través de los programas existentes de transferencia directa, en particular la Ley nacional Mahatma Gandhi de garantía del empleo rural (MNREGA), que garantiza 100 jornadas de trabajo remunerado a los habitantes de las zonas rurales para luchar contra el subempleo. Sin embargo, de hecho, el aumento salarial anunciado por el mecanismo MNREGA no es más que un ajuste que ya estaba previsto. Esta ayuda podría beneficiar a los trabajadores y trabajadoras migrantes internas que se han quedado sin recursos económicos, pero únicamente a condición de que logren volver a sus hogares, donde están registradas administrativamente.
En cuanto a las ayudas vinculadas a las prestaciones en especie, el gobierno pretende ampliar el Sistema Público de Distribución (PDS), centrándose en los principales aportes calóricos en India: los cereales (más del 50 % del total) y las leguminosas (alrededor del 12 %, fuente importante de proteínas en un país que consume pocos productos animales). Sin embargo, las promesas podrían no bastar para cubrir las necesidades. Algunos altos funcionarios han señalado asimismo que será difícil suministrar todos estos alimentos, ya que el sector se enfrenta a una penuria de mano de obra. Finalmente, el Mecanismo de almuerzo de mediodía (MDMS), que suministra una comida gratuita en las escuelas, está actualmente paralizado a pesar de que es fundamental para asegurar la nutrición de todos y todas las menores.
Todavía más inquietante es saber que la implementación de estos programas sociales anunciados chocará con los problemas endémicos que los aquejan: la corrupción y la omisión de una parte de los hogares que deberían beneficiarse (exclusión error), cuando el PDS tiene en teoría un ámbito de inclusión muy amplio. La capacidad de alcanzar a todas las personas necesitadas es, sin embargo, esencial en la situación actual (la utilización de un sistema de autentificación biométrica, denominado Aadhar, no parece resolver estos problemas). El economista Jean Drèze preconiza por tanto suministrar los productos alimenticios en “instalaciones de urgencia” a toda persona sin pedirle un número Aadhar o una tarjeta de racionamiento.
Frente a la crisis emergente, florecen las iniciativas privadas, ya se trate de ONG que organizan puntos de abastecimiento en zonas urbanas, o de templos sijs que acogen a las personas sin techo. Sin embargo, no solo el sector benéfico se ha agotado notablemente durante las dos últimas décadas, sino que en ausencia de un apoyo público masivo, las iniciativas locales no bastarán. En Tamil Nadu, las ONG todavía activas se concentran sobre todo en medidas de sensibilización y en las precauciones necesarias para limitar la propagación del virus, lo que suscita más recelos que no confianza por parte de la población, en la medida en que lo que más preocupa actualmente es saber cómo tener comida para mañana. Como advierte Jean Drèze: “La gente pobre está acostumbrada a encajar muchas cosas con humildad; cuando hay hambre y se sienten débiles, no están en buenas condiciones para rebelarse. Pero podrían producirse revueltas del hambre, quién sabe.”
Conclusión
En un momento histórico como este, cabría esperar que la unidad nacional se situara por encima de todo y que estigmatizaciones y polarizaciones basadas en la religión, la etnia, la casta o la clase social quedaran relegadas a un segundo plano. Pero nada es menos seguro. Al volver a sus hogares, los y las migrantes son víctimas de ataques y se ven condenadas al ostracismo por miedo a la infección. Y no ha tenido que pasar mucho tiempo para que aparezcan los discursos de odio en esta crisis, con acusaciones a los indios musulmanes, a los del noreste, a indígenas o dalits, de propagar el virus. Está por ver si el gobierno aprovechará la ocasión de esta crisis para dividir todavía más o bien unir a la población, y cómo lo hará. La preocupación inmediata se centra en la gente pobre y las minorías, que como hemos visto serán las primeras en padecer los efectos de la crisis. Para ellas, las consecuencias del cerrojazo serán dramáticas. Morirán en casa, en silencio, tal vez a causa de algo mucho más mortal que el propio virus: las profundas desigualdades socioeconómicas que dividen a la sociedad india.
Habida cuenta de la gran diversidad de situaciones en el subcontinente indio, las respuestas públicas regionales parecen más apropiadas para contrarrestar la tragedia económica y humanitaria. Varios Estados han tomado la delantera implementando soluciones de urgencia ambiciosas para la gente más desfavorecida, como Kerala, Delhi, Odisha o Bengala Occidental, por mucho que sus iniciativas se vean frenadas en parte por las transferencias de fondos del gobierno central. El sector informal, a pesar de estar muy tocado por el confinamiento, también se mostró increíblemente resistente con motivo de las crisis anteriores, lo que infunde esperanza en estas circunstancias sin precedentes. Más a largo plazo, una inversión masiva en el sector agrario contribuiría a regenerar la economía, asegurando la disponibilidad de alimentos y reduciendo el abismo entre las ciudades y el campo, que se ha puesto de manifiesto de modo flagrante con el enorme éxodo al que estamos asistiendo.
