Narciso Isa Conde
A días de cumplirse el primer año del cambio del Gobierno mafioso del PLD por el PRM-Abinader la situación no admite ilusiones, dados los onerosos intereses de la ultra-minoría multimillonaria que lo controla y de su absoluta subordinación a la política imperial de EE.UU.
El llamado cambio fue previamente vendido y condicionado por intensas complicidades de clase, financiamientos electorales oligárquicos y apoyo gringo. Pero muchos/as votantes no se percataron que antes de echar su voto por Luis Abinader éste, capitalista al fin, había negociado el nuevo gobierno, algo que el pueblo dominicano habrá de pagar con creces.
Eso explica que el grupo económico más poderoso del país, y otros que le siguen los pasos, tengan tanto poder en este Gobierno y existan en su seno nuevas instancias bajo tutela empresarial destinadas a poner en venta acciones, empresas y recursos naturales propiedad del Estado, y a establecer numerosas Asociaciones público-privadas (APPs) con hegemonía del capital privado.
Explica que se haya entregado la política exterior del país al Departamento de Estado y al Pentágono, que USAID y la Embajada graviten tanto en sus programas, y las grandes mineras pretendan explotar y controlar áreas intocables.
En realidad, al interior del gobierno, dentro de su gabinete y estructuras, con la activa participación de Luis Abinader, se ha conformando un núcleo duro de grandes empresas privadas, con conexiones transversales con otras no insertadas en el Estado. Ese núcleo controla Presidencia y Vicepresidencia, dos ministerios presidenciales, Turismo, Hacienda, Agricultura, Obras Publicas, Ventas de Activos, APP, Marca País, Gabinete de Salud, Gabinete de Transporte y otros.
El gobernador eterno del Banco Central es orgánico a la privatización del Estado y a las políticas neoliberales. Barrick Gold, jefa de la Cámara Minera y del Plan de Explotación, financia parcialmente el Presupuesto del 2021 e igual los bancos dueños de la usura y del negociazo ARS Y AFP privadas.
La Cancillería es una sucursal del Departamento de Estado. CIA, DEA, MOSSAD y FBI controlan áreas sensibles de seguridad, reforma policial y remodelación de la DNI. El Comando Sur y sus socios colombianos manejan los resortes de la dependencia militar y modalidades de intervención en la isla.
El modelo de corrupción es otro, pero también funesto. El modelo de gestión gubernamental es cada vez menos público, más privado y más neocolonial. El neoliberalismo se endurece.
Ese reagrupamiento empresarial cuenta con las mayores facilidades estatales para apropiarse y concentrar a su favor una diversidad de propiedades y negocios que entrelazan aéreas sensibles en materia de seguridad nacional y control de riquezas del subsuelo, valiosos patrimonios nacionales y culturales, territorios y población; tales como agua, energía, yacimientos minerales, tesoros coloniales, autovías turismo, puertos, aeropuertos, salud y nuevas tecnologías de comunicación y vigilancia, entre otros recursos y valores.
Con ese proceder hasta la energía limpia se ensucia y el propio Estado se privatiza.
Por más que se quiera ocultar, de esa realidad se derivan fuertes conflictos de intereses y significativas oportunidades para el tráfico de influencia en todas las vertientes económicas implicadas. Igual una impronta extremadamente colonizadora.
