Coalición Para La Defensa de Areas Protegidas
Miguel Ceara Hatton
Ministro
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana
Ave. Cayetano Germosén esq. Ave. Luperón, El Pedregal
Santo Domingo, D.N.
Estimado Ministro,
Después de saludarle muy cortésmente y desearle los mejores parabienes en el año que se avecina, el motivo de esta comunicación es reiterar nuestras preocupaciones manifestadas en nuestra carta del 28 de julio pasado. En dicha carta detallamos diversas situaciones que afectan severamente la protección y gestión del medio ambiente de República Dominicana. Estas situaciones inciden sobre las áreas protegidas, los ríos y sus cuencas, los bosques, la biodiversidad y la institucionalidad del propio ministerio que dirige.
En esta ocasión, queremos enfocarnos en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). Podemos afirmar que los problemas expuestos en julio pasado no sólo se mantienen, sino que han empeorado. De manera generalizada, continúan las incertidumbres en el pago a los empleados, las múltiples nóminas, el desatino en la contratación del personal de protección y vigilancia, las invasiones y ocupaciones ilícitas, el robo y deterioro de la infraestructura mínima operativa y las carencias en transporte (vehículos y combustible) para operar.
Un problema de fondo muy grave sigue siendo el enfrentamiento de la agroindustria con las áreas protegidas. En particular, nos duele el manejo torpe y errático que se ha dado en el Parque Nacional de Valle Nuevo. Podemos afirmar que la situación de la agricultura ilegal dentro de la “Madre de las Aguas” es mucho peor que la encontrada hace dos años por el gobierno actual. El propio ministerio ha irrespetado una y otra vez los plazos que ha impuesto para la eliminación de la agricultura ilegal y la ganadería dentro de sus límites. Esto sucede a pesar de que se han derrochado cientos de millones en compensar a agricultores del lado norte del Parque y que muchos de ellos continúan con sus actividades ilegales en franco desafío a la autoridad. En el lado sur de Valle Nuevo, la situación es aún más preocupante, ya que los propios agricultores denuncian que a los grandes agroempresarios se les ha permitido continuar la siembra de cebolla, fresa y otros rubros. Todo esto ocurre ante la mirada pasiva de las autoridades competentes. A esto se suma el rumor de una propuesta descabellada que procura reubicar asentamientos humanos y agrícolas del lado sur hacia otra área protegida cercana. Todos estos desatinos son más preocupantes toda vez que Valle Nuevo es el referente para abordar situaciones similares en áreas como Sierra de Bahoruco, Miguel Domingo Fuertes (Bahoruco Oriental), Los Haitises, Nalga de Maco, La Salcedoa, Sierra de Neiba, José del Carmen Ramírez, Laguna Saladilla y muchas otras.
Otras denuncias graves conciernen a la propia permisología ambiental que emana del ministerio. Un ejemplo son las autorizaciones otorgadas a saneamientos de terrenos dentro de áreas protegidas (o sus zonas de amortiguamiento) en el monumento natural Saltos de Jimenoa y Parque Nacional el Morro. Otro ejemplo son las licencias otorgadas (o presumiblemente a punto de otorgarse) para construcciones dentro del Santuario de Mamíferos Marinos de Estero Hondo, la carretera dentro del Parque Luis Quin y las barcazas de generación eléctrica en el Refugio de Vida Silvestre Manglares de Puerto Viejo.
Al tiempo que ocurren todas estas calamidades, sufrimos por la desidia generalizada frente a las denuncias de ilícitos que llegan desde las áreas protegidas de todo el país y el orden invertido de las prioridades en la gestión del SINAP. Con pesar, notamos que se sigue priorizando intervenir o facilitar el desarrollo turístico dentro de las áreas, antes de resolver los problemas básicos que afectan gravemente su integridad. Ejemplos son Cabo Samaná, Playa Cabo Rojo-Pedernales, Valle Nuevo y Puerto Viejo.
Por último, nos sigue preocupando la propia institucionalidad del Ministerio. En el Viceministerio de Áreas Protegidas y Biodiversidad, además de estar plagado de conflictos internos, impera la desesperanza y desmotivación en el personal que labora. Este ambiente de trabajo, junto a deficientes condiciones y falta de acción de los tomadores de decisiones, han causado que las dimisiones del personal valioso estén a la orden del día. Los fallos o el desinterés en la gestión del SINAP se evidencian también por la pobre ejecución de los fondos asignados para estos fines en la Ley de presupuesto de 2022.
Albergamos la esperanza de que su gestión pueda intervenir sobre causas raíz de estos problemas. Las organizaciones abajo firmantes reiteramos nuestra disposición de apoyar técnica y humanamente en la mejora y fortalecimiento institucional del SINAP y en aquellos aspectos de la gestión en los que pudiéramos ser de ayuda.
Sin embargo, hasta ahora las respuestas institucionales han sido tímidas y difusas, en veces hasta contradictorias, como si el fin perseguido fuera distinto al mandato de la Ley. Aspiramos a que en el futuro cercano podamos realizar encuentros más propositivos, siempre con la mejor buena voluntad y ánimo de actuar por el bien de nuestra nación que tantos desafíos enfrenta.
Agradeciendo su atención, con sinceros sentimientos de consideración y estima, se despide,
La Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas
La Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas es un colectivo de organizaciones ambientales de la República Dominicana. Esta carta la firman: La Comisión Ambiental de la UASD, la Fundación Acción Verde Inc., la Sociedad Ecológica del Cibao, Inc. (SOECI), la Fundación Moscoso Puello, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), Cúa Conservation, Guaikia Ambiente, la Fundación Vega Real, la Federación de campesinos hacia el progreso y el Grupo Jaragua.
