Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE)
Fuente: Kaos en la Red
Los y las pensionistas conformamos un segmento de la sociedad muy condicionado en nuestra vida cotidiana por las necesidades de atención sanitaria, como consecuencia del desgaste que la edad produce, agravada además de manera directa por los millones que sobreviven con pensiones bajas y asistenciales, mucho más crítico en aquellos y aquellas compañeras jubiladas como consecuencia de accidente, y/o enfermedad.
Ante esta prioritaria necesidad, nos encontramos actualmente con un deterioro grave de la sanidad pública, que responde al desmantelamiento progresivo en los últimos años y acelerado de manera salvaje en la actualidad. Este patrón en mayor o menor medida se repite en todas las Autonomías del estado, sea cual sea su color político. Esto se ve reflejado en el gasto que cada comunidad dedica a sanidad, de hecho seis de ellas no llegan en 2023 a la media nacional en inversión por habitante, capitaneadas por Madrid y Catalunya, siendo también las que más dinero dedican a conciertos y derivaciones a la sanidad privada.
La culpable de todo esto es la Ley General de Sanidad 14/86, que ha institucionalizado la privatización sin límites, y su posterior desarrollo en la ley 15/97, permitiendo que las multinacionales depreden sobre los recursos públicos, y en connivencia con los distintos gobiernos rebajar las prestaciones y la calidad de la sanidad pública, para obligar a los y las ciudadanas a acudir a los centros privados y a caer en las trampas de las aseguradoras, siendo imprescindible su derogación. El actual gobierno está en proceso de presentar una nueva Ley que en principio iba a poner coto de manera muy importante a conciertos y derivaciones, con limites muy definidos, y que está siendo descafeinada por la presión de Esquerra Republicana, defensora del modelo catalán. Tampoco entendemos el silencio de los dos grandes sindicatos que debieran de estar manifestando su apoyo a la prohibición de conciertos con la privada, dado que afecta a los y las trabajadoras y sus familias de manera muy directa.
Nos encontramos pues, en otro escalón de la privatización, la de echar de la sanidad pública a los y las profesionales, mediante condiciones trabajo inaceptables, la mitad de los y las trabajadores son interinos, con lo cual están saliendo del país o bien yéndose a la privada, lo que ha motivado que éste sector realice huelgas y manifestaciones en toda España. Los gobiernos que han creado el problema, ahora lo usan como excusa para culpar a la falta de médicos de los males de la asistencia.
Muchos hemos conocido la cobertura casi testimonial que recibíamos durante el franquismo, nuestra lucha por la salud, hizo que se incluyese como derecho constitucional en el artículo 43, y que nuestra sanidad no solo era una de las mejores del mundo, sino que además necesitaba menos recursos económicos.
No podemos ni debemos permitir seguir perdiendo servicios públicos, en beneficio del capital financiero dueño de las grandes compañías sanitarias, nos jugamos nuestras vidas de nuestros y nuestras hijas y nietos, y en este caso, no en sentido figurado.
COESPE, invita a sindicatos, movimientos sociales y a la ciudadanía a que nos acompañéis en nuestras concentraciones en la recuperación de una Sanidad Pública de calidad, contra la privatización y las derivaciones, por la recuperación de un derecho constitucional. Ahora que viene época de elecciones es necesario que nos acordemos de todos aquellos que están desmantelando lo público, sanidad, pensiones, educación y dependencia.
POR UNA SANIDAD PÚBLICA Y DE CALIDAD, NO A LA PRIVATIZACIÓN.
GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LAS PENSIONES Y LO PÚBLICO SE DEFIENDEN.
