Luis Carvajal
Asqueroso e indignante.
Pandemia y transición utilizadas para dar un zarpazo brutal a áreas protegidas emblemáticas: La Isla Saona, parte del Parque Nacional Cotubanamá, y las Dunas de Baní.
Construcciones ilegales de personas con influencia política y capacidad de seducción económica se desarrollan en áreas protegidas con la urgencia que se necesita para asumir los problemas urgentes que agobian a la sociedad y la naturaleza dominicanas.
En Saona, con la complicidad del Ministro de Medio Ambiente, Ángel Estévez, el señor Eddie Quiñones de la compañía Palmera Turística da “los permisos” que permiten violar las leyes 202-04 de Áreas Protegidas y la 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Allí se construyen dos villas que nada tienen que ver con servicios a la comunidad o soporte básico a las actividades permitidas y que implican la apropiación ilegal de un “patrimonio inalienable, imprescriptible e inembargable” de la nación.
En el Monumento Natural Félix Servio Doucoudray, Dunas de las Calderas, conocido como Dunas de Baní, con la indiferencia culposa del Servicio Nacional de Protección Ambiental y la complicidad de autoridades locales y nacionales siguen proliferando las construcciones ilegales. Muros, alambres, cercas, parcelas y viviendas, forman hoy parte del paisaje que antes ocupaba la especialísima vegetación y los ecosistemas de ese entorno único e irrepetible, evidencia vergonzosa del triunfo de delincuentes y malandrines estimulados y protegidos por las autoridades.
Hay que reclamar que el mallete de la justicia se convierta en mandarria para demoler la impunidad, el abuso de poder, el tráfico de influencia y las plagas que están devorando los recursos que deben garantizar el presente y el futuro de todos los dominicanos.
Esto no puede, no debe seguir así.
Si las autoridades no actúan, la ira social debe demoler hasta las simientes, además de estas y otras construcciones ilegales, el muro o de impunidad que las protege.
Balanza, mallete y espada.
¡Para que siempre haya patria!
