En la recién pasada coyuntura electoral se ha producido un cambio electoral a favor del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el fin de 20 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el establecimiento de un nuevo régimen presidido por el político-empresario Luis Abinader, fuertemente tutelado por el poder imperialista estadounidense y el gran empresariado local.
Ese cambio no ha implicado alteración del “poder permanente” detentado por los grandes capitalistas, ni en su contexto han tenido lugar variaciones significativas en el carácter de la crisis integral (sanitaria, económica, social ambiental…) que afecta al país y su actual manipulación desde la alianza dominante-gobernante, está en marcha más bien un reacomodamiento de una gran parte de sus componentes empresariales hacia el nuevo gobierno y hacia las instituciones controladas ahora mayoritariamente por el PRM.
Es un cambio de un partido y de una alianza político- social de derecha por otra de la misma esencia con no pocos factores comunes: con fuertes conexiones con la clase dominante local, absolutamente dependiente de EEUU y del imperialismo occidental, e impregnado de la concepción neoliberal o neo-conservadora predominante en el contexto de la manipulación sistémicas de la presente multi-crisis capitalista.
• FACTORES DETERMINANTES DEL RECAMBIO POLÍTICO-ELECTORAL.
En el cambio de gobierno fue determinante el repudio acumulado en gran parte de la sociedad contra el régimen peledeista, convertido en una dictadura constitucional mafiosa impopular. El pueblo se hartó de tanta corrupción y tanto abuso de poder. Pero no solo. También gravitó con fuerza el interés de sectores poderosos del país y del exterior en producir un recambio sistémico que frenara la tendencia a una crisis de gobernabilidad y a la desestabilización institucional; necesidad que en fin de cuentas fue asumida por el poder imperialista estadounidense, el cual reforzó con ese propósito su intervención en el proceso electoral dominicano.
Finalmente primó el rechazo, el voto en contra, acompañado de una abstención próxima al 50% de los electores/as, la cual parcialmente implica una significativa desconfianza de sectores populares en el sistema tradicional de partidos. Primó sobre todo el rechazo a la corrupción y a la impunidad morada de dos décadas, canalizado a través de PRM y aliados, en el marco de un sistema electoral controlado por dos opciones de derecha; una de ellas aupada por la Administración Trump; hecho político que resultó determinante para impedir el fraude electoral del oficialismo en mayor escala y evitar la imposición traumática del continuismo.
Más que ganar Abinader y el perremeismo, perdió el PLD-Gobierno-Estado; y en ese resultado electoral tuvo mucho más que ver el impacto de Marcha Verde y los movimientos sociales y políticos-sociales en lucha contra la corrupción y la impunidad, que el rol ambiguo, timorato y hasta complice de las derechas políticas opositoras.
A la luz de estos resultados la conciencia acumulada a favor del fin de la impunidad continua operando como un factor de presión multitudinaria que el nuevo gobierno no puede desconocer, sino que más bien tiende a cooptar, mediatizar y usar como recurso de legitimidad. De ahí todo lo relativo a la designación de Miriam Germán como Procuradora General de la República, las declaraciones a favor de una JCE independiente, las denuncias de irregularidades y la supresión de entidades estatales supernumerarias y de una parte de las botellas.
En este nuevo contexto el Presidente Abinader y la nueva cúpula gubernamental pretenden aparecer como impulsores de una “justicia independiente”, para responsabilizar a otros y otras de lo que realmente pueda pasar con la corrupción pasada; a plena conciencia de que hay muchas trabas y contaminaciones a lo largo y ancho del sistema judicial.
La Procuraduría General es solo un componente importante de un Ministerio Publico significativamente infectado por el gobierno desplazado y por oficinas de abogados al servicio del capital privado y de las mafias; una instancia que solo puede sustentar los expedientes acusatorios llamados a cursar por un tren judicial sumamente contaminado por los mismos factores de poder.
La verdad es que no pocos tribunales de primera instancias, sino también no pocas cortes intermedias y altas cortes, entre las que sobresale la SUPREMA, están al servicio de la impunidad. Y ya aparecen las primeras señales de que a la propia Miriam Germán, que no es todo el MP, menos aun el Poder Judicial, hay quienes procuran limitarla. A esto se agrega todo los efectos del fracaso de la justicia a distancia o por vía virtual y las trabas para combinar eficazmente y con rigor sanitario un modelo que combine ambas vertientes.
Esta situación ha generado un movimiento contestatario de profesionales del derecho, que de profundizarse y enfrentar las lacras del sistema, podría en perspectiva contribuir a las transformaciones estructurales que requiere ese poder del Estado, a los compases de nuevos impulsos hacia la conformación de un nuevo Poder Constituyente.
En tales circunstancias, es pertinente meterle aun mayor presión al nuevo régimen, desplegando fuertes y ascendentes emplazamientos por el fin de la impunidad y del sistema que la cobija; a conciencia de que no se trata de un mal episódico o coyuntural, sino de un grave problema institucional, sistémico y estructural; que requiere transformaciones profundas que trascienden o sobrepasan este orden constitucional basado en la Constitución del 2010.
• CARACTERISTICAS DEL NUEVO GOBIERNO.
El nuevo gobierno está montado sobre la más grave e integral de las crisis del capitalismo mundial en toda su historia y sobre su expresión concreta en este país y esta isla, desnudada por una pandemia manipulada por los grandes centros de decisión del imperialismo estadounidense, con lo que se procura un reacomodo de las grandes corporaciones y ciertas variaciones en los grados de hegemonía y concentración de riqueza y poder dentro del sistema mundial.
Esto tiene lugar en el marco de la permanente ejecución de las nuevas reglas y modalidades de la guerra imperialista bajo el mando de EE.UU, con la que esa superpotencia en decadencia, afectada por un grave deterioro interno y una pérdida de hegemonía, emplea su agresiva política exterior y el poderío militar que conserva para intentar contener la declinación de su poder mundial.
Procede reiterar que el gobierno que preside Luis Abinader es un gobierno totalmente subordinado a EE.UU y con un fuerte peso a su interior de los principales grupos del gran capital privado transnacional y local, entre ellos el Grupo Vicini y corporaciones mineras, farmacéuticas e informáticas.
El propio Jefe de Estado, que mas bien asume el papel de nuevo Gobernador de Colonia, ha definido las relaciones con EU como “especiales”, en el sentido de especialmente dependientes; esgrimiendo razones (tema migratorio, socio comercial de alto volumen…), que bien deberían tenerse presente, por ejemplo, para darle un trato respetuoso al pueblo haitiano y no seguir protegiendo la imposición de una concepción racista-anti-haitiana que inunda las instituciones, la partidocracia y el poder empresarial.
El gabinete de esta administración perremeista es de por sí muy elocuente, porque ha sido estructurado con un fuerte componente empresarial directo y con tecnócratas al servicio de esas fuerzas y bajo el paragua del globalismo neoliberal impuesto por las grandes potencias del Hemisferio Occidental y del tristemente célebre Mundo Libre. Las recientes “declaraciones juradas de bienes” del Presidente y sus ministros han sido muy reveladoras del carácter empresarial del nuevo régimen. El poder de decisión del mismo se concentra en el Presidente-Empresario, los dos ministros de la Presidencia (empresarios también, uno de ellos pieza relevante del Grupo Vicini), la misma tecnocracia del Banco Central encabezada por Valdez Albizu, el Ministerio de Hacienda (tecnócrata de la escuela neo-conservadora) y en el nuevo Canciller, quien ha diseñado una política exterior que parece confeccionada en la Casa Blanca. Lo de la política exterior es tan ominoso y común a toda esta “clase política” entreguista, que al tiempo de comprometer al país con la agresión contra Venezuela y enfriar al máximo posible las relaciones con China, Rusia y Cuba, han privado al país de las colaboraciones eficaces de esos países en el tema pandemia… todo por miedo a EEUU.
A su vez un negocio formalmente llamado “industria turística”, temporalmente desplomado, está siendo impulsado a contrapelo de una pandemia activa a nivel global y nacional, porque conserva su activa matriz de apropiación de valiosos componentes del patrimonio natural del país y puede producir los beneficios derivados de la especulación en bienes raíces. El mismo está ahora bajo el mando David Collado, representante de Juan Bautista Vicini. Adicionalmente vuelven a tener presencia en el tren gubernamental las prácticas partidocráticas que implican cuotas y repartos, ahora en favor del PRM y partidos aliados, incluido aquellos premiados por sus recientes virajes oportunistas. En fin, en este gobierno las áreas institucionales de política social o económica y cargos políticos con tono progresistas o independientes son marginales y están en minoría en los mecanismos colegiados y no son determinantes.
Esos factores habrán de operar -junto a algunas importantes iniciativas judiciales anticorrupción (con limites pre-establecidos y destinos inciertos)- como adornos a favor de una buena imagen temporal, que ya comienza a deteriorarse ante la primeras señales de protección de la corrupción empresarial, presiones clientelistas, reparto de cuotas, nuevas modalidades de nepotismo y opulencia propia de un gobierno con muchos funcionarios pertenecientes al club de los enriquecidos y con fuerte presencia directa de la propia cúpula capitalista.
En otro orden la tan cacareada transparencia no ha tardado en comenzar a empañarse con tres casos relevantes que tocan medularmente al propio Presidente Abinader.
Uno se refiere al significado y las implicaciones de todo lo relacionado con las sorpresivas relaciones del Presidente Abinader con la corporación TESLA, propiedad del controversial magnate ELON MUSK, manifiesta en la promoción de su línea de automóviles eléctricos a los compases del uso de uno de sus modelos como carro presidencial y los anuncios de modernización de flotas y de ciertas transformaciones tecnológicas en algunas áreas del transporte.
Otro se relaciona con la designación de Samuel Pereyra Rojas, ex responsable de finanzas de la campaña presidencial de Luis Abinader, como Administrador del Banco de Reservas; por demás involucrado junto a su tío, el ex Senador Luis René Rojas Canaan, en la canalización de los sobornos correspondiente a la compra-estafa de los SUPERTUCANOS, cuyo máximo responsable es Leonel Fernández, quien es tratado con delicada benevolencia por la alta dirección del PRM y por el nuevo gobierno.
Y el tercero: la cena pro-impunidad de Santiago, efectuada en la residencia del magnate cibaeño Manuel Estrella, implicado en la corrupción de ODEBRECHT.
• NUEVA CORRELACIÓN DE FUERZA A NIVEL CONGRESUAL.
La amplia mayoría reflejada en las elecciones presidenciales se expresó también en la congresuales; y, previamente, aunque en menor medida, en las municipales. El PRM pasó a ser fuerza dominante en las principales Alcaldías y en ambas Cámaras de la Asamblea Legislativa; en mayor grado aun, si se le suman sus aliados. En esas instancias estatales, pese a darse casos relevantes de representaciones prestigiosas, la mayoría de la mayoría no difiere, en tanto vínculos sociales, ideología y posiciones políticas de la que predominan a nivel del Gobierno Central y sus instituciones autónomas.
Respecto a la nueva composición del Congreso ya estamos viendo lo que está pasando con el Código Penal y las tres causales relacionadas con el aborto terapéutico, recientemente excluidas del mismo; al tiempo que la concepción patriarcal machista gravita con fuerza al interior del Estado y del propio PRM, más allá de sus pronto olvidadas promesas electorales en esa materia.
Mientras Pacheco, desde la Presidencia de la Cámara de Diputados, asume el liderazgo del clientelismo perremeista que entiende al Estado como patrimonio de sus militantes y activistas electorales, generando fracturas que tienden a caotizar la gestión estatal del PRM.
• LA NUEVA DIMENSIÓN Y LOS PROPÓSITOS DE LAS ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS.
Algo muy grave, frente a lo que hay que alertar en voz alta y situarlo como un blanco de ataque de primer orden, es la dimensión y el carácter que le está dando el nuevo Gobierno al tema de las Alianzas o Asociaciones Publicas-Privadas (APP).
Las APP no son cosas nuevas. Ellas nacen con el neoliberalismo y su impronta privatizadora y desnacionalizadora. Aquella “capitalización” que se usó a raíz del primer gobierno del ¨PLD-Leonel, es hermanita de las llamadas “asociaciones públicas-privadas”. Ambas son hijas de la recolonización neoliberal. La envoltura puede variar, pero se trata de privatizar parcialmente patrimonios públicos establecidos o compartir Estado y capital privado nuevas proyectos en áreas estratégicas que deberían ser públicas o de propiedad social.
Lo nuevo, y mucho más grave en esta vertiente, es el volumen que se le está dando y su direccionalidad hacia la apropiación y control de puntos y áreas claves del territorio y el patrimonio natural del país en costas, terrenos y enclaves de enorme valor inmobiliario, verdaderos tesoros naturales; y hacia la apropiación de servicios estratégicos altamente sensibles para la seguridad del país y la vida de sus pobladores.
En ese orden ya se está hablando de una nueva “visión de Estado”, de una nueva manera de “reformar el Estado” y cuando se sugiere que la Autovía del Ambar (Circunvalación Santiago a Puerto Plata) sea construida bajo el influjo de esa visión, se refiere a la construcción de una autopista estatal-privada, de un negocio con ambos actores y un gran beneficiario.
En el discurso oficial sobre ese tema -compartido e impulsado febrilmente por todo su componente empresarial y gran parte de su tecnocracia y su bancada legislativa- está claro que esa visión sobre el Estado es una visión empresarial-capitalista de la política, con un fondo pro-colonialista.
El propio Presidente Abinader, empresario y político, anuncia que esa fórmula se aplicará en el transporte aéreo y marítimo, agua, energía, salud y educación, áreas más que estratégicas. A lo que se le suma toda la intención del asalto al suelo, subsuelo y sobresuelo del país, en la lógica de de una acumulación capitalista altamente concentrada y especulativa; para lo que el gobierno estima disponible un total de unos 1,500 millones de dólares, procedente de préstamos y fondos privados. En lo especulativo entra el turismo con sus negocios de bienes raíces junto al proceso del endeudamiento de un Estado quebrado por la pandemia, de un gobierno presto a tirarse en brazos del FMI y el BM, y de sus socios privados proclives a coger prestado con las garantías de las riquezas del país sin realmente invertir. En ese tenor se ha anunciado la colocación de bonos aquí y en el exterior por un valor de 3,500 millones de dólares.
Vía las APP nos anuncian también mayores niveles de privatización de fuentes de agua y del sistema energético. Más puertos, aeropuertos, carreteras, plantas o entidades eléctricas, centros de salud y educación concebidos como negocios privados con el Estado como socio subordinado.
Esto así, porque el gran capital privado transnacional y local no concibe otro tipo de asociación, por más que se insista en vestir a los lobos de ovejas y de presentar como futuro maravilloso un proyecto de profundización de la recolonización a costa de la vida de este pueblo y esta isla.
El agua, que vale más que el oro y que es un bien común – ya amenazada de ser convertida en negocio privado especulativo por la ley del agua y por el impacto de las concesiones mineras en las proximidades de sus fuentes- a confesión de este nuevo gobierno será una de las presas codiciadas de las asociaciones público-privadas. INAPA será el primer blanco de ese ataque, tal y como se ha develado a luz de las críticas a la designación de Winston Arnaud, previa modificación de la ley y presente el argumento de implementar alianzas público-privada desde esa entidad.
En fin, lo que se debería desprivatizar, va a crecer sobre la base de más presencia del capital privado y un fuerte endeudamiento.
Y todavía el gobierno no ha hablado de la minería, pero todo indica que el programa minero está en la “gatera” y que van a intentar darle permiso de explotación a corporaciones tipo UNIGOLD, GOLD QUEST y la propia BARRICK en su plan de extensión hacia la Sierra de los Siete Picos, con todas sus funestas consecuencias ambientales.
Todo esto va de la mano de la militarización de la política y del control militar-policial del territorio, en detrimento de las libertades y derechos fundamentales.
• EL ALLANTE COMO POLÍTICA INSTITUCIONALIZADA.
Vale decir, luego de esta descripción de las esencias de CAMBIO prometido, que esta nueva gestión de gobierno, en interés de ocultar sus entrañas y engatusar a una gran parte de la sociedad, ha recurrido a la conversión del allante, el pantallazo, el uso de la mercadología política, el impacto publicitario, la promoción mentirosa, la virtualidad que reemplaza la realidad por la proyección imaginaria…en POLITICA SUPREMA ALIENANTE.
Auguramos, sin embargo, que en crisis de estas dimensiones y profundidades, el empleo del poder mediático con esa modalidad, al chocar progresivamente con la realidad, posibilita desmontar la farsa virtual y derrotar el impacto confusionista que produce ese bombardeo ideológico.
• LA PANDEMIA: BIEN GRACIAS.
En verdad el nuevo gobierno, pese al reconocimiento formal de que enfrentar, controlar y revertir la COVID 19 debería ser la tarea prioritaria, en los hechos no ha actuado así.
Es poco lo que se ha avanzado.
Se sigue culpando al pueblo sin que se sientan los esfuerzos educativos que permitan superar las violaciones a las normas sanitarias. La descentralización y el aumento de las pruebas no fluyen con la celeridad debida. El uso de las mascarillas presenta carencias y malos empleos relativamente fáciles de superar.
La OMS, comprometida con la farma-corporación, sigue imponiendo protocolos que descartan tratamiento y procedimientos que han probado cierta eficacia. No se practican los cercos sanitarios en los principales focos de infección y se insiste en un toque de queda generales poco efectivo. Siguen siendo alarmantes la letalidad, la positividad y la expansión del contagio.
Es notorio que no se quiera entender que todo lo relativo a las actividades económicas depende de la eficacia en el campo de la salud colectiva, a la que evidentemente se le presta menos atención y se le asignan menos recursos que a todo lo demás, incluido la suma de fanfarrias y anuncios de inversiones alrededor de las Alianzas Publico-Privadas, las ayudas al turismo, a las universidades privadas, la visitas de fin de semana…
El costo en salud de la atadura a las imposiciones de EE.UU, se ha traducido en renuncias a valiosas cooperaciones de Estados discriminados por esa potencia imperial.
• EL MC ANTE EL NUEVO REGIMEN.
Nuestro Movimiento Caamañista (MC) proclama su determinación de darle continuidad a la lucha por el fin de la corrupción y la impunidad, entendidos como males estructurales.
Se compromete a conjugar sus esfuerzos y combates con todos los movimientos sociales en lucha y frente a todas las medidas de política nacional e internacional del nuevo gobierno y su cuerpo legislativo destinadas a cargar la crisis sobre el pueblo humilde y sectores medios y a favorecer la degradante política de EEUU a escala global.
• Exigiremos que la crisis la paguen los poderosos y rechazaremos las intervenciones del Banco Mundial y el FMI para imponer endeudamientos onerosos y degradantes para financiar iniciativas antinacionales.
• Estamos radicalmente opuestos hacerles nuevas concesiones al gran capital privado transnacional y local.
-Opuestos a negar derechos inalienables.
– Opuestos a que se siga actuando para agravar la ya peligrosa crisis ambiental.
– Opuestos al asalto a las riquezas del país que implica política de Alianza Público-Privada (APP) anunciada por este gobierno. ¡Situaremos este tema como asunto crucial!
• Vamos a enfrentar el PLAN MINERO que quieren imponer las corporaciones del ramo.
-A exigir la desprivatización de la salud y la seguridad social, comenzando por eliminar las ARS y AFP privadas, y defendiendo la necesidad de un sistema único y universal de salud gratuito.
-A respaldar las tres causales y los derechos de nuestras mujeres, niñas y adolescentes.
• Rechazaremos todo freno o mediatización de los procesos judiciales destinados a sancionar los corruptos y a recuperar lo robado.
• Defenderemos a muerte la soberanía nacional y popular cada vez más conculcadas.
• Propugnaremos por una política internacional independiente y por la revocación de los acuerdos internacionales que nos hacen cómplices de los planes de agresión de EEUU a Venezuela y a los procesos soberanos en Nuestra América y en el mundo; que nos comprometen con la hostilidad imperialista o los distanciamientos respecto a Cuba, China, Rusia y demás países fuera de la órbita imperialista.
Y en ese tenor, vinculando esos y otros reclamos, esos y otros posicionamientos políticos, a la necesidad de un CAMBIO RADICAL, de un cambio real, reiteramos nuestro compromiso junto a la IZQUIERDA REVOLUCIONARIA-IR y MANDO de impulsar el Proceso Constituyente e incorporar más fuerzas para crear Poder Constituyente y organizar, que en el contexto de profundas transformaciones políticas y sociales, organice una ASAMBLEA CONTITUYENTE POPULAR Y SOBERANA, que sustituya la Constitución del 2010 y dote al país de una Constitución verdaderamente democrática, inspirada en la de 1963.
POR LA COORDINACIÓN CENTRAL DEL MOVIMIENTO CAAMAÑISTA:
Narciso Isa Conde, Rafael Félix, Elisabeth Mejía, Raúl Guerrero Y Rafael Jiménez Abad
