Narciso Isa Conde
Bienes en pocas manos que ocasionan males a muchos seres humanos. Una de las leyes inmutables de las sociedades divididas en clases, elevada a su máxima expresión en el capitalismo actual. Algo de esa realidad puede apreciarse en las “declaraciones juradas de bienes” de los más encumbrados funcionarios públicos del gobierno del “cambio”.
En esta columna dijimos que el nuevo gobierno es estructuralmente de empresarios, no pocos multimillonarios; y entonces sus defensores optaron por la conspiración del silencio; lo que ahora, después de publicadas estas declaraciones, no es sólo imposible de ocultar, sino que ha escandalizado a una parte de la sociedad.
La declaración del Presidente Abinader sorprendió, porque si bien se sabía que era rico, no tantísimo: confiesa poseer una fortuna de 4,396 millones de pesos, 3,261 de ellos en acciones en empresas radicadas aquí y en el exterior, incluidos depósitos en paraísos fiscales tipo Panamá e Islas Caimán, usados generalmente por empresarios dominicanos para evadir impuestos locales.
La declaración de Luis Abinader evidentemente responde a la verdad porque él es lo suficientemente inteligente para no exponerse a desmentidos enojosos; esto, a pesar de que se sabe que no pocos de los funcionarios que cumplen con ese requisito de ley, o declaran muy por debajo de lo real para evadir impuestos, o lo abultan para enriquecerse indebidamente; sin consecuencias mayores al rendir cuenta al final de su gestión. Aquí operan firmas contables geniales para lograr que esas alteraciones sean difíciles de detectar.
Ahora bien, entre los “jorocones” declarantes hay quienes presentan montos que amerita investigarse mejor; por lo que parece muy atinada la propuesta de Milagros Ortiz Bosch de someterlas al examen de de la Dirección de Impuestos Internos, de la nueva Cámara de Cuentas y otros mecanismos y procedimientos confiables.
Hay inquietud justificada luego de estas publicaciones y hechos previos que evidencian que los partidos tradicionales y sus gobiernos se han convertido en compañías por acciones y las campañas electorales en mercado de inversión de capitales. No poca gente está un tanto alarmada ante la confirmación de tan altos niveles de “capitalización” de la política.
Alarma la perspectiva de que un gobierno estructurado con preeminencia empresarial, que promueve apasionadamente las alianzas público-privadas con clara intensión de privatizar aún más el patrimonio público y natural del país y la gestión del Estado, va a hundir más al pueblo en el agobiante pozo donde lo han metido y va a acortar más la vida de esta hermosa isla.
