Lilliam Oviedo
Fuente: Rebelión
Las audiencias para imponer medidas de coerción a colaboradores del expresidente Danilo Medina acusados de estafar al erario, evidenciaron la marca de la corrupción en la gestión que concluyó el pasado 16 de agosto y también el daño que causa la podredumbre acumulada.
El sistema político dominicano es incapaz de fortalecer la institucionalidad, porque sirve a una clase dominante que desconoce incluso las flexibles normas capitalistas de licitud en los negocios.
Se torna necesario convertir la demanda de castigo a colaboradores de Danilo Medina en verdadera militancia contra la corrupción, lo cual implica reconocer que el avance social y político hay que buscarlo enfrentando a los grupos privilegiados, no aupando a sus representantes.
El actual gobierno exhibe como su mejor atributo el nombramiento de un Ministerio Público independiente.
Hay que decir que en el conocimiento de las medidas de coerción contra Juan Alexis Medina Sánchez y algunos de sus socios, Jenny Berenice Reynoso, procuradora adjunta, exhibió su pericia como litigante (con vicios de oratoria que, dada su juventud, puede superar) y su alta competencia como fiscal; pero no por eso hay que dejar de exigirle que se desvincule del grupo del expresidente Leonel Fernández, quien también tiene testaferros y encabeza un proyecto político y económico financiado de manera nada limpia.
En cuanto a la procuradora Miriam Germán, su independencia y su limpia trayectoria no la liberan de la responsabilidad de intentar llegar en las investigaciones hasta donde no hay permiso.
Once personas están siendo investigadas por actos de corrupción cometidos durante el pasado gobierno. Entre los acusados hay un hermano y una hermana del expresidente Danilo Medina (Alexis, quien encabeza el grupo, y Carmen Magaly, quien fue directora del Fondo Patrimonial de Empresas Reformadas, FONPER), un ex ministro de Salud y un ex contralor general de la República; pero la incorporación al Parlamento Centroamericano del expresidente y la exvicepresidenta se sigue mostrando como salida pactada.
¿Qué tan nítido fue el manejo por parte de la exvicepresidenta Margarita Cedeño, esposa de Leonel Fernández, de miles de millones de pesos destinados a proyectos sociales tanto en su condición de vicepresidenta (2012-2020) como en su condición de Primera Dama (2004-2012)? ¿Encabezó ella la parte limpia del gobierno de Danilo Medina y también la del gobierno de Leonel Fernández? Tan ingenua suposición despierta incluso sospechas.
Con la entrega y el talento de dos procuradoras no se desdibuja el desfile de millones que constituyó la declaración jurada de bienes de los nuevos funcionarios, y no se borra la procedencia social del propio presidente, heredero y multiplicador de una fortuna que no resiste una auténtica auscultación.
SEÑAS Y ANTECEDENTES
Si en 1986 fue impactante la revelación de que colaboradores del expresidente Salvador Jorge Blanco vendieron al Estado mercancías sobrevaluadas, hoy causa estupor el hecho de que abogados de los tribunales del país se pronuncien en defensa de Juan Alexis Medina Sánchez diciendo que no hay pruebas de que estafara al erario y presentando como normales los sucios manejos que hizo para enriquecerse. ¡Qué descaro!
Pero si aquellos polvos trajeron estos lodos fue porque el pacto de impunidad se mantuvo vigente.
El gobernante que encabezó la gestión que acusó a Jorge Blanco de desfalco en 1986, había coordinado (iniciando dos décadas antes), el proceso de unificación de la clase dominante a través de la tolerancia del despojo, la estafa al erario y la sobreexplotación de la fuerza de trabajo. Como era predecible, hizo uso politiquero del proceso y se asoció luego con una parte de los procesados para financiar su próxima campaña.
Dos elementos transversales hay en esta historia: la presencia de las fortunas y capitales de los representantes del balaguerismo rancio, que apadrina franquicias politiqueras, y la asociación de la delincuencia política con la delincuencia común.
La impunidad ha sido garantizada con la única condición de que beneficie a los protegidos de la clase dominante.
A los escándalos causados por la vinculación de altos oficiales con organizaciones criminales, los sucesivos gobiernos han respondido solo en apariencia y no se ha depurado por ello la alta oficialidad ni se han adoptado mecanismos eficientes de prevención en los organismos civiles afectados.
La impunidad imprime continuidad a la corrupción, la extiende y la acentúa.
HAY QUE PROBLEMATIZAR LA DEMANDA
Sin desmeritar la acción contra Alexis Medina y su grupo, hay que decir que se dirige contra un sector político impopular y merecidamente desacreditado, pero no penetra suficientemente en la complicidad de empresarios y altos militares.
Lo mismo sucede con la anunciada renuncia de la millonaria Kimberly Taveras (Kinsberly en algunos documentos), quien fue nombrada ministra de la Juventud al inicio del gobierno y es investigada por negocios irregulares con el Estado y con algunos cabildos. Esta forzada renuncia golpea al grupo de Hipólito Mejía, el ala del oficialista Partido Revolucionario Moderno asociada a Danilo Medina.
No está mal proceder contra estos grupos, pero para romper la continuidad de la corrupción hay que atacarla en todas las direcciones y no reconocer como legítimas las fortunas que el tiempo y la nueva corrupción han blanqueado.
La procedencia política del actual gobierno y la trayectoria de sus principales colaboradores no augura una acción estructurada en este sentido. No por conocida deja de ser preocupante esta realidad.
La publicitada alianza público-privada va dirigida a disfrazar el pacto de impunidad para dar continuidad al sistema de privilegios. En ese marco, el propio presidente de la República se reunió recientemente con representantes de empresas mineras reconocidas como depredadoras y les prometió otorgarles facilidades a nivel legal, que es lo mismo que entregarles zonas apetecidas. La ciudadanía debe saber qué se ha pactado.
Es obvio que al gobernante no le parece improcedente colocar su entreguismo por encima de su compromiso de defender a la gente.
De tolerar lo no tolerable se habla, y de pactar en perjuicio de las mayorías. ¿No estará presente este ingrediente en las acciones oficiales contra la corrupción?
Es preciso demandar que el proceso contra los allegados y colaboradores de Danilo Medina sea conducido con firmeza, se extienda a la corrupción de otros tiempos y toque a todos los protagonistas, incluyendo a los expresidentes; pero es también necesario fortalecer la conciencia de que el avance político es imprescindible. Porque se torna urgente desmontar un sistema de privilegios que alimenta la podredumbre y se alimenta de ella. Un sistema abusivo, criminal y, por demás, insoportable.
