Javier Suazo
Fuente: Rebelión
“Dogu debe respetar a Honduras y a lo que estamos tratando de hacer para poner orden en un país que, precisamente las acciones de otros gobiernos de los Estados Unidos, permitieron que un narcoestado se desarrollara, que se ganara con fraudes” (Eduardo Reina, Canciller de la República)
Contrario a lo que se pensó con el triunfo arrollador de la presidenta Xiomara Castro en las elecciones generales de 2021, donde sacó más de 1.7 millón de votos y presentó a la colectividad nacional un Plan Bicentenario de Gobierno (2022-2026) con propuestas orientadas a cambiar gran parte de las políticas públicas y acciones institucionales en 11 años de gobiernos autoritarios y resultado de un golpe de Estado, actores económicos y prensa mediática “tarifada” muestran desacuerdos con las decisiones tomadas en estos nueve (9) meses de Gobierno y conspiran contra la gestión institucional.
A estos se han sumado uno grupo de ONG que reciben financiamiento internacional para conspirar contra la ejecutoría del Gobierno del partido Libertad y Refundación (LIBRE) en alianza con el partido Salvador de Honduras (PSH), miembros de la Iglesia Católica y la Embajadora de EEUU en el país, Laura Dogu. Esta última ha cuestionado la derogación de la Ley de Empleo por Hora, Ley de las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDEs), el rescate de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) como un bien público y patrimonio del Estado, los cambios pendientes en el Consejo de Seguridad y la selección de miembros de la Junta Nominadora para aprobar aspirantes a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Para la Embajadora Dogu, estas decisiones y acciones conspiran contra la inversión y no son congruentes a lo que esperaría el Gobierno norteamericano, aun cuando Honduras es y sigue siendo el principal aliado en la región de dicho Gobierno. Le preocupan también las llamadas “invasiones de tierras”, que afectan el clima de inversión en el agro y la piratería digital en contra de empresas de capital norteamericano, derogación de incentivos, resultado de la regulación de las exoneraciones fiscales y eliminación de fideicomisos.
La Embajadora, al parecer, olvida las políticas y decisiones tomadas por los gobiernos anteriores, por ejemplo la profundización del ajuste estructural que promovió la concentración de la tierra y ociosidad y creciente expulsión de población campesina por la ausencia de acceso a activos productivos como la tierra, necesarios para producir alimentos y vivir. Se cuenta con una legislación en el agro, la Ley para la Modernización Agrícola (LMDSA) que fue apoyada por su Gobierno y que implicó el despojo creciente de estos activos a campesinos y población indígena, y que todavía no se ha evaluado después de más de 30 años de vigencia.
La pregunta que le hacen a la Embajadora Dogu dirigentes de organizaciones de mujeres campesinas, es si la concentración de la propiedad rural es una política de EEUU que estimula el empleo y no la migración, uno de los flagelos que se quieren combatir por el Gobierno norteamericano.
Otra política apoyada por Washington es el Tratado de Libre Comercio (RD-CAFTA), cuyos impactos negativos en la producción alimentaria son evidentes, volviendo a países como Honduras dependientes de importaciones de estos productos cada vez más caros por la revaluación del dólar. La presidenta Xiomara Castro ha planteado la revisión conjunto del tratado, donde participen el resto de los países de la región y sus gobiernos que también enfrentan estos problemas. Honduras tiene 1.5 millón de personas que sufren hambre, siendo evidente cada año el aumento de la inseguridad alimentaria y la pérdida creciente de la soberanía alimentaria como política de Estado.
Los empresarios aglutinados en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) exigen la vigencia de una nueva ley de empleo temporal o a tiempo parcial que sustituya la Ley de Empleo por Hora. “Esta Ley fue derogada por el Congreso Nacional mediante Decreto Legislativo N. 38-2022 del 28 de abril de 2022, justificado en la creciente pérdida de derechos y beneficios sociales por los trabajadores, muchos de los cuales fueron despedidos y recontratados por hora con tales propósitos. No obstante, la lentitud en la reglamentación de la ley y el argumento del sector empresarial de que la derogación impactó negativamente en la población contratada, ya que muchos de ellos fueron despedidos, ha generado nuevas iniciativas que, para dirigentes de las centrales obreras, buscan restituir la legislación anterior bajo otra denominación: empleo parcial” (Suazo: agosto, 2022).
Igual sucede con las ZEDEs, ya que las empresas, a falta de una ratificación por el Congreso Nacional de la Ley que las deroga, siguen operando y exigen el respeto de las inversiones realizadas involucrando a la Embajada y miembros del Senado norteamericano; ello, aun cuando la Embajadora Dogu ignora o desconoce que la medida tomada por el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro responde a una exigencia de la mayoría de los pobladores donde se ubican dichas zonas, creándose incluso grupos de defensa del territorio nacional.
La Embajadora Dogu no dice nada sobre la piñata de la ENEE, que impulsó el endeudamiento externo donde los mayores beneficiados fueron los mismos empresarios en alianza con capital norteamericano. También desconoce los impactos negativos de los proyectos de generación de energía en las condiciones de vida de los pobladores, los hábitats naturales y derechos humanos con violaciones sistemáticas.
De acuerdo con la presidenta del Banco Central de Honduras, Rebeca Santos, Honduras podría crecer a una tasa mayor de 4% anual en 2022, manteniendo la tasa de inflación en menos de 12% al final del año, aunque los pronósticos eran de mayor porcentaje; ello sin ajustar la Tasa de Política Monetario (TPM) como lo exigen organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), siguiendo la moda de gran parte de países latinoamericanos donde la medida no ha incidido mucho en la baja de la inflación por tener un alto componente importado. En el primer semestre de 2022 se captaron más de 300 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED) y hay un aumento del monto de remesas familiares.
Finalmente, todos queremos una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) con la mayor independencia posible, pero hay que respetar la institucionalidad actual, donde se cuenta con un nuevo Ministerio contra la Corrupción, los procedimientos, consensos y acuerdos políticos; pero, ante todo, hay que respetar las decisiones y políticas aprobadas por el Gobierno de Xiomara Castro, que benefician a la mayor parte de la población hondureña. Es un Gobierno democrático y participativo que se debe al pueblo-pueblo.
