Narciso Isa Conde
Arribamos a los 46 años del asesinado de Orlando Martínez, brillante periodista y militante ejemplar del Partido Comunista Dominicano, asesinado el 17 de marzo de 1975, aproximadamente a las 7:00 pm.
Es importante resaltar que se trató de un crimen político con características de asesinato de Estado, planeado y ejecutado desde las altas esferas policiales-militares del régimen de los doce años (1966-1978), con la aprobación del Presidente Balaguer.
El grupo del poder que lo asesinó fue denunciado a tiempo por el Partido Comunista Dominicano-PCD, que junto al padre, la madre y los hermanos/as de Orlando realizamos un persistente esfuerzo de acusación que logró mantener abierto el proceso de sanción judicial durante 22 años.
Solo en el año 1997 pudo ponerse en marcha el expediente y apresar a una parte de sus asesinos, como resultado de valiosas informaciones obtenidas por el entonces Juez de Instrucción José Miguel Castillo Pantaleón, incluidos los desaparecidos interrogatorios realizados en 1975.
Los contenidos de esos interrogatorios coincidieron con una gran parte de nuestras denuncias públicas y con las informaciones entregadas anteriormente por el PCD y los familiares de Orlando al propio Balaguer y a los Gobiernos del PRD y del PLD; reiteradas años tras años en los homenajes a Orlando y conocidas en todo el país y más allá.
La acción judicial post 1997 fue lenta, parcial y tortuosa; limitada a los autores directos, materiales, del crimen.
Los autores intelectuales fueron excluidos del expediente, a pesar del constante reclamo y reiteradas iniciativas para que se les castigara ejemplarmente.
Todos los Presidentes durante ese largo periodo de impunidad, las cúpulas de los partidos gobernantes y las más alta figuras del Ministerio Público bajo su control, optaron por el encubrimiento y la protección a Balaguer y a sus jefes militares y policiales ladrones y asesinos.
Concluidos los doce años, no pocos de ellos fueron posteriormente ascendidos y nombrados en cargos relevantes, incluso una parte de los destituidos por el Presidente Guzmán.
El único de los autores intelectuales que fue efímeramente incluido en el expediente instrumentado y también llevado a juicio en su fase inicial en 1997 fue el General (r) Salvador Lluberes Montás (Chinino), que simulando una grave enfermedad logró su exclusión por “desglose del expediente”; sin que jamás el sistema judicial se ocupara de un teatro que dura ya 24 años más.
No dudemos que a Chinino, residente en el paraíso terrenal CASA DE CAMPO, le estén entregando su pensión y los cariños materiales de las corporaciones que defendió.
A propósito de ese caso, el diario El Nacional hizo el pasado domingo 14 de marzo una interesante reseña periodística titulada: “Acusado de ordenar asesinato de Orlando Martínez nunca fue procesado”; tema que a mi entender merece ser completado en esta ocasión informaciones y detalles correspondientes a los demás autores intelectuales, cómplices y protectores de ese crimen estremecedor, también excluidos del expediente por las autoridades; (datos que bien pudieron solicitárnoslos).
La orden del asesinato no fue individual, como bien lo denunciamos cuando penosamente casi todos los grandes medios y creadores de opinión se empeñaban en minimizar y excluir valiosas informaciones y valientes denuncias.
No fue individual, sino que provino de un entramado en las altas esferas militares, policiales-políticas, empresariales e imperiales; debidamente y reiteradas veces denunciado, con nombres y señas, a pura voz y a puño y letra, por el autor de este artículo.
· El entramado del crimen, sus complicidades, encubrimiento y protecciones.
Ustedes saben de mis vínculos de camaradería, hermandad y amistad con Orlando Martínez Howley.
Las grandes afinidades morales, político-teóricas y humanas que nos unieron para siempre, desde nuestra militancia común en el movimiento estudiantil de izquierda “Fragua” y en el Partido Comunista Dominicano, son muy conocidas
Su militancia revolucionaria, su talento y su ejercicio periodístico ORLANDO los dedicó a enfrentar la represión, las torturas, las injusticias sociales, el saqueo de las corporaciones extranjeras, la corrupción, la perversidad política, el entreguismo al poder imperialista de los EEUU, el terrorismo de Estado, aquí y mas allá de nuestras fronteras; defendiendo siempre a los (as) explotados (as), desposeídos (as), excluidos (as), reprimidos (as) y discriminados del campo y la ciudad; aquí y en todo el mundo.
Sus enemigos eran, en consecuencia, fácilmente inidentificables, y quienes dentro de ellos se propusieron matarlo, tampoco resultaron difíciles de detectar: estaban ubicados en la cúpula del poder militar, policial y político, en estrecha relación con sectores, poderosos, corporaciones transnacionales y con enclaves de inteligencia y asesoría militar de los EEUU (Estación Dominicana de la CIA, Cuerpo de Asesores Militares-MAAG, Embajada de los EEUU en el país).
Se trató de los mismos que dirigieron la maquinaria de terror en los días de la postguerra de abril y durante los doce años del régimen de Balaguer. Sobre sus fechorías nos llegaban periódicamente informaciones precisas.
A una parte de ellos -perteneciente al brazo armado del Estado terrorista- Orlando los sindica como los “generales de horca y cuchillo”, refiriéndose sobre todo al grupo que encabezaba el entonces general Enrique Pérez y Pérez junto a los generales Salvador Lluberes Montás, Ramón Emilio Jiménez hijo y otros jerarcas militares; todos vinculados a la CIA, al MAAG y a los grupos terroristas de la mafia cubano-americana de Miami; todos cavernariamente anticomunistas.
Esos generales y el contralmirante Logroño Contín fueron los que reunidos como Estado Mayor de las FFAA dieron la orden de matarlo, previa información a Balaguer de su determinación.
El general Guzmán Acosta, entonces jefe de la policía, se confabuló con ellos, para junto con el General Brea Garó, encubrir la acción criminal y desviar la investigación hacia miembros del PLD.
A ese grupo pertenecieron también el Coronel Ernesto Cruz Brea, encargado de inteligencia, el mayor Pou Castro, jefe de operaciones de unidades de acción y el coronel Isidoro Martínez (conocido como “La Caja”).
Utilizaban para sus atrocidades a otros miembros activos de la Policía Nacional, el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y sus órganos de seguridad; como también a miembros civiles de las tristemente célebre Banda Reeleccionista y Anticomunista, popularmente conocida como Banda Colorá (organismo para-militar).
Observen que ningún Gobierno ni ningún Procurador de los tantos de estos últimos 46 años, teniendo suficientes datos sobre los autores intelectuales del crimen y sobre su gran encubridor y protector, Joaquín Balaguer -quien por demás confesó conocerlos (en su “Memoria de un Cortesano de la Era de Trujillo”-, no se atrevieron a procesarlos judicialmente, pese todos los esfuerzos realizados.
Los detalles del cuándo y cómo instrumentaron ese crimen espérenlo en breve. Son hechos, procesos y culpas que hay que remover. ¡Qué toda la verdad sea dicha y reiterada, luego de tantos encubrimientos y tantas complicidades!
