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El gobierno juega adelantado y apura el revocatorio

Marcos Salgado

Fuente: Rebelión

El gobierno de Nicolás Maduro está decidido a hacer que 2022 sea un año sin elecciones y de consolidación de un despegue económico y juega sus cartas. La mayoría del Consejo Nacional Electoral apuró los tiempos de un eventual referéndum revocatorio y le puso fecha a la recolección de voluntades para lograrlo: ya, la semana que viene.

Cuando la oposición todavía pretendía sacarle jugo a la amplia victoria en las elecciones repetidas en el estado Barinas y comenzaba a coquetear con la posibilidad del referéndum revocatorio para el mandato del presidente Maduro, el oficialismo en Venezuela volvió a demostrar que maneja con soltura los tiempos de la política interna. Tres de los cinco rectores principales del Consejo Nacional Electoral (CNE) decidieron en tiempo récord sobre varios pedidos simultáneos de grupos opositores para activar el proceso hacia un revocatorio del mandato presidencial, previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

Aprovechando la ausencia de una regulación estricta de los tiempos y etapas del proceso de revocatorio de mandatos, el CNE resolvió desplegar un proceso express, para que el próximo miércoles 26 de enero entre las 6 de la mañana y por doce horas, unos 1.500 puntos organizados por el mismo poder electoral en todo el país, reciba las manifestaciones de los electores que quieran que se habilite el proceso de revocatorio. 

Para esto se necesita alcanzar el 20 por ciento del electorado en cada uno de los 23 estados y el Distrito Capital. Unos 4 millones 185 mil voluntades. Una tarea ciclópea, para una oposición fragmentada, vencida una y otra vez en escenarios legales y en un panorama de masiva desmotivación política, desmovilización y hastío, que afecta en rigor a los dos polos de la política venezolana. Y mucho más difícil en tan poco tiempo: apenas cinco días hasta el 26 de enero. 

La movida es clara: apurar al máximo los tiempos del referéndum para conducirlo al fracaso. Una cláusula constitucional prevé que solo se puede intentar un revocatorio por período para determinado cargo electivo. Es decir, para los opositores es ahora o nunca. Y acostumbrados como están a decirse mayoría mientras escapan a la compulsa ciudadana, todo indica que eludirán el proceso para seguir jugando el juego que más les gusta: autoproclamarse dirección de un sector político que no dirigen casi nada. Por eso, tal vez, el silencio extendido tras la movida del CNE. 

Solo una movilización espontánea y masiva de la oposición (que necesariamente tendría que registrarse en todo el país) podría volcar el curso de los acontecimientos hacia un revocatorio. Parece muy difícil. Por el contrario, Venezuela se encamina más o menos previsiblemente a un 2022 (y un 2023) sin elecciones. Marcha hacia un 2024 con presidenciales en el segundo semestre. Un momento para el que la oposición deberá resolver por fin la irrupción de un candidato único y creíble, que encuentre un discurso coherente para un electorado que comienza a recibir ahora los beneficios de una cierta estabilización económica después de años de descalabro. ¿Misión imposible?

*Periodista argentino del equipo fundacional de Telesur. Corresponsal de HispanTv en Venezuel, editor de Questiondigital.com. Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

MC

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